El concejal de Vivienda y segundo teniente de alcalde de Getafe, Ignacio Sánchez Coy, condenó hoy la pegada de octavillas en varias calles del centro de la ciudad con recriminaciones al propietario de PSG y ex gestor de las cooperativas 'Getafe capital del sur' y 'Getafe cuna de la aviación española', David Moreno, así como la concentración que mantuvo una treintena de afectados frente al domicilio particular de un familiar de Moreno el pasado lunes.

En este sentido, el edil declaró a ELBUZON.ES que estas acciones "no son lo razonable" e instó a los promotores –la 'Asociación de afectados por PSG'- a que se personen en "las sedes sociales". "Hay que utilizar las vías adecuadas, las instituciones, y si hay indicios de delito, los juzgados", finalizó.

En declaraciones a esta publicación digital, el edil realizó un balance de los últimos acontecimientos sobre el caso PSG y sus ex cooperativas.

El concejal –que dijo que "se observaban irregularidades en la gestión, que se confirmaron cuando no pagaron las parcelas adjudcadas- manifestó que "se está demostrando que no es posible" el acuerdo que prometió la presidenta regional, Esperanza Aguirre, con "prepotencia" a los cooperativistas en una visita realizada a Getafe hace unos meses.

La jefa del Ejecutivo autonómico garantizó que los 1.400 socios de 'Capital' y 'Cuna' tendrían vivienda en Los Molinos y Cerro Buenavista.

Para ello, firmó un acuerdo que incluía la recolocación de cooperativistas en las parcelas retiradas por impago y que fueron sorteadas recientemente, así como en las de Obrum y Oligarry (con las que PSG pactó cesiones) y en otras casi 400 viviendas que el consorcio Molinos-Buenavista preveía ceder al IVIMA.

Precisamente, éste última cesión forzó al Ayuntamiento a abortar uno de los últimos consejos de administración del consorcio Molinos-Buenavista, ya que –según declaró hoy Coy- "rayaba la ilegalidad".

CONSTANCIA OFICIAL

Aunque el edil aseguró que el Ayuntamiento carece a día de hoy de "constancia oficial del acuerdo" porque se negoció entre la Comunidad de Madrid y las propias cooperativas, descartó que las casi 400 viviendas que se iban a adjudicar al IVIMA se sorteen entre empresas privadas para recolocar, posteriormente, a los socios de 'Capital' y 'Cuna'.

"Eso es inviable", apostilló, tras recordar que el Ayuntamiento defiende que estas viviendas se adjudiquen por "riguroso orden" entre los miembros de la Lista Municipal de Vivienda. A juicio de Coy, "el mismo derecho tiene un cooperativista cualquiera que no resultó adjudicatario que uno de PSG".

No obstante, Coy aseguró que, incluso si la recolocación fuese completa, los cooperativistas de 'Capital' y 'Cuna' se enfrentarían a otro problema: el desembolso de las aportaciones a las nuevas empresas donde vayan a ser recolocados, independientemente del dinero que hayan aportado hasta el momento en las ex cooperativas de PSG.

"Es un problema de difícil solución", opinó tras hacer hincapié en los detalles 'oscuros' de la gestión de 'Capital' y 'Cuna', como que las cooperativas no aprobaron las cuentas en las asambleas del pasado domingo o que la directiva propuso girar nuevos recibos a los socios durante los dos próximos años.