Las cooperativas de viviendas 'Getafe, capital del sur' y 'Getafe, cuna de la aviación' –gestionadas por PSG hasta enero- han anunciado que pedirán a sus 1.400 socios que sigan desembolsando dinero a través de recibos durante los dos próximos años a pesar de que ninguna de ellas tiene garantizado, por el momento, viviendas en los desarrollos de Los Molinos y Cerro Buenavista.

Las cooperativas –cuyos terrenos fueron expropiados por el consorcio Molinos-Buenavista, de Getafe- propondrán girar los recibos en cantidades proporcionales a las viviendas adquiridas como fórmula alternativa para tapar el "agujero" económico que sufren y afrontar la presunta adquisición de viviendas que les garantizó la Comunidad de Madrid en un acuerdo que los responsables de ambas cooperativas dan por hecho pero que, de momento, no se ha firmado.

Así se recoge en el dossier que las cooperativas y el propio administrador único de PSG, David Moreno (que aún permanece ligado a ambas entidades), han repartido entre los cooperativistas, un documento al que ha tenido acceso ELBUZON.ES y que incluye, entre otras fórmulas de financiación, la posibilidad de girar "nuevos recibos mensuales" durante los 24 próximos meses, al margen de las cantidades ya aportadas, que oscilan entre los 24.000 y los 30.000 euros.

A pesar de estos cobros, los responsables insisten en que "las viviendas no van a ser más caras", aunque recuerdan que el precio máximo será el del "módulo" de la vivienda protegida.

Con esta referencia sobre la mesa, una vivienda protegida de 80 metros cuadrados con dos garajes y trastero rondará los 180.000 euros (precio al que saldrán todas los pisos de esta tipología en Molinos-Buenavista), pero nunca los 108.000 euros que tienen firmado los cooperativistas.

No obstante y a pesar de que aún no hay garantía de vivienda, el dossier esboza una particular "arquitectura" económica para justificar, de cara a los cooperativistas, que los pisos saldrán por 123.000 euros, "por debajo del precio del módulo".

Así, alega que, en cuatro o cinco años, el propietario recuperaría 21.000 euros al dar por hecho (que es muy dudoso) que ésta será la cantidad que reconocerá el Tribunal de Expropiación al ajustar el valor de los terrenos expropiados a ambas cooperativas.

SIN FONDOS SUFICIENTES

Pero el cobro de estas nuevas aportaciones no cubrirá totalmente el agujero económico de las entidades, parte del cual deriva de los cobros de 12 millones de euros que cobró PSG como gestora y en concepto de "gastos profesionales" a las cooperativas en unos tres años.

Para solventar esta papeleta, los responsables de 'Capital' y 'Cuna' contemplan la posibilidad de forzar la "compra obligatoria de la segunda plaza de garaje, de tal manera –explican en el dossier- que el dinero aportado por el cooperativista por esta vía se materializa en un bien inmueble".

No obstante, advierten de que al no tener calificación protegida, el precio de venta de esta segunda plaza será "totalmente libre" (aunque se compre a precio del módulo), situación que rozaría la ilegalidad, según las fuentes especialistas en el tema consultadas por esta publicación digital.

Esto significa que la segunda plaza no estará acogida a financiación y que, a pesar de lo que promete la directiva, esta adquisición no podrá incluirse en la hipoteca.

10% DE RETENCIÓN

Uno de los contenciosos a los que se enfrentan las cooperativas es el del centenar de socios que se quieren dar de baja y recuperar sus aportaciones, según el 'Colectivo de afectados por PSG'.

En el dossier, las cooperativas anuncian que propondrán a la asamblea que se les retenga un 10 por ciento de la cantidad aportada "en concepto de compensación de gastos ocasionados". Eso significa que si un socio que abonó 30.000 euros desea retirarse, perderá unos 3.000 euros.