La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y la consejera de Ordenación del Territorio, Beatriz Elorriaga, comunicaron a los presidentes de las cooperativas 'Cuna de la aviación' y 'Capital del Sur' que todos los socios (entre 1.500 y 1.800) serán asumidos para varias promotoras y por la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Getafe (EMSV), aunque advirtieron de que la construcción de las viviendas por ambas entidades en Los Molinos y Cerro Buenavista no es viable al contar con una sólida base legal la expropiación los terrenos que adquirieron.
Así lo reveló hoy el concejal de Vivienda de Getafe, Ignacio Sánchez Coy, quien aseguró que el alcalde, Pedro Castro, se puso en contacto esta mañana con la consejera Elorriaga para averiguar los términos de la reunión que ayer mantuvieron, inesperadamente, la jefa del Ejecutivo autonómico y los presidentes de ambas cooperativas.
En este sentido, el edil manifestó que la Comunidad comunicó a ambos presidentes la imposibilidad de que las viviendas las levanten con su promotora (hasta enero, PSG), pero garantizó que otras promotoras asumirán a los cooperativistas.
De esta manera, según los datos del edil, 348 socios de las antiguas cooperativas de PSG serán asumidos por las dos parcelas que se adjudicaron a 'Capital' y 'Cuna' en el concurso público y que, posteriormente, les fueron retiradas por impago. Para la readjudicación se han presentado 22 empresas en Los Molinos y 33 en Cerro Buenavista, compañías que deberán asumir a los socios de las cooperativas afectadas.
Además, 174 cooperativistas serán 'recolocados' en las dos parcelas de la empresa Obrum con la que PSG firmó un convenio de cesión. La misma operación se llevará a cabo con Oligarry, que asumirá a 91 cooperativistas. Ambas compañías, según Sánchez Coy, no podrán ceder la gestión y promoción de los terrenos a las cooperativas (según denegó el Consorcio Los Molinos-Buenavista por incumplir el pliego de condiciones), pero deberán asumir a los socios y adjudicarles vivienda.
A ello se suman los 448 ex cooperativistas de PSG que englosarán la lista municipal de demandantes de vivienda, junto a otras 8.200 personas de la localidad. "En total –concluyó el edil- 1.071 cooperativistas (de PSG) ya tienen vivienda".
ABANDONO
El concejal ratificó, por otro lado, los términos de la información que ayer adelantó ELBUZON.ES sobre la presencia de los representantes de las cooperativas en la reunión entre Ayuntamiento y Gobierno regional. El alcalde de Getafe, Pedro Castro, y el propio concejal acudieron a esa reunión "institucional" en la que también estuvo presente la consejera de Vivienda, Ana Isabel Mariño.
Tras una hora de discusión, en la que los mandatarios locales expusieron su postura sobre el caso PSG, la presidenta ordenó entrar a presidentes de las cooperativas, quienes se personaron con un letrado para hacer su exposición. "Entendimos que no era nuestra reunión y, tras unos minutos, abandonamos la cita", explicó Coy, quien reiteró que no tenían conocimiento de que los dos presidentes estuvieran convocados.
Previamente, Castro y Coy plantearon a la presidenta su postura, que se define en la imposibilidad de que las ex cooperativas de PSG construyan las viviendas, aunque con la garantía de que los cooperativistas tendrán sus pisos.
Esperanza Aguirre se mostró contraria a este planteamiento y manifestó no entender por qué los cooperativistas no podían construir en el suelo que habían comprado, a través de PSG, en ambos desarrollos.
Ante ello, los representantes municipales le explicaron detalladamente el proceso de expropiación de los terrenos (para adjudicarlos en concurso público posteriormente). La jefa del Ejecutivo regional se mostró disconforme con el proceso de expropiación, pero finalmente admitió que este sistema figura en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Getafe, que aprobó en 2004 su propio gabinete.
OTROS ACUERDOS
En la reunión no se abordó el asunto de los ex cooperativistas de 'Cuna' y 'Capital' que han solicitado la baja de las cooperativas y la devolución de sus aportaciones (unos 24.000 euros de media).
Por otro lado, y fuera de este marco, Castro y Coy comunicaron a la presidenta regional la necesidad de que el Consorcio saque a concurso las cinco parcelas afectadas por una línea de alta tensión, en las que se levantarán 396 viviendas.
