El equipo de Gobierno de Getafe (PSOE e IU) ha asegurado en un comunicado que las declaraciones de ayer de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, en las que prometió una vivienda a los ex cooperativistas de PSG, "suponen un engaño manifiesto, toda vez -explica- que todas las decisiones tomadas en dicho Consorcio han sido tomadas por unanimidad".
En este sentido, PSOE e IU "rechazan tajantemente" las declaraciones "electoralistas" de la jefa del Ejecutivo autonómico, a la que acusan de "vulnerar el ordenamiento jurídico y en consecuencia el estado de derecho, al ignorar las sentencias sobre el justiprecio de las expropiaciones", así como las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El "electoralismo irresponsable de la presidenta -continúa el comunicado- pone en peligro las viviendas que están en proceso de adjudicación de 9.788 familias", ya que -según argumentan- la presidenta regional no puede acusar de actuaciones administrativas incorrectas "impunemente".
"El procedimiento administrativo de estos desarrollos -agregan- es competencia del Gobierno que preside. Y añaden que, en caso de haber constatado estos errores, "debería haber dado a conocer los correspondientes ceses de responsables".
PSOE e IU consideran que "al dar crédito y razón a los cooperativistas", Aguirre previsiblemente comparte lo expresado por éstos en relación a que proceso de expropiación y adjudicación llevado a cabo por el Consorcio "está manchado por la corrupción".
De ser así -concretan-, "sólo cabe esperar el cese y la denuncia ante los Tribunales de Justicia de los responsables de la Empresa Pública de la Comunidad de Madrid, Arpegio", que realizó los informes y las correspondientes adjudicaciones.
Por otro lado, desde PSOE e IU se considera que las declaraciones de la presidenta son un "insulto a los 18.484 ciudadanos y ciudadanas de Getafe que están en la lista de demandantes", personas que "están esperando para poder tener una vivienda".
Estos demandantes ven amenazada esta opción por "el afán electoralista de la presidenta", por el que manifestó su intención de proporcionar "personal y posiblemente ilegalmente" viviendas a los ex cooperativistas de PSG.
En cuanto a la visita en sí, los regidores municipales consideran que ésta ha supuesto "una crisis en su Gobierno" al desautorizar públicamente a la consejera de Ordenación del Territorio y presidenta del consorcio Los Molinos-Buenavista, Beatriz Elorriaga, quien ha actuado "con absoluto escrúpulo a la legalidad".
El comunicado del equipo de Gobierno getafense -fruto de la reunión mantenida esta mañana- concluye haciendo un llamamiento a Esperanza Aguirre para que, al finalizar las elecciones generales, "recupere la sensatez" y vuelva a caminar "sobre los principios de la legalidad vigente y del interés general de los ciudadanos".
EXPLICACIONES
Por otro lado, el grupo municipal de IU va a pedir en la Asamblea de Madrid explicaciones a la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Beatriz Elorriaga, sobre el caso PSG. Desde IU se ha manifestado la intención de exigir a la Comunidad que respete todos los acuerdos adoptados por unanimidad por el Consorcio Los Molinos-Buenavista, en el que están representadas ambas Administraciones, local y regional.
Según la coalición, "las declaraciones electoralistas realizadas ayer por la presidenta desautorizan los acuerdos tomados por la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio".
También se ha presentado la solicitud de comparencia de la consejera para que explique públicamente si se está realizando alguna gestión con las cooperativas "Getafe, cuna de la aviación española" y "Getafe, capital del sur" que pudiera alterar los acuerdos adoptados por el Consorcio.
RETRASOS
Asimismo, la formación -a través de una pregunta a la Asamblea- quiere que la consejera ofrezca explicaciones ante los retrasos en la convocatoria del Consorcio para terminar de adjudicar las parcelas pendientes afectadas por la línea de alta tensión que cruza el desarrollo de Buenavista (326 viviendas), así como las dos parcelas que en su día fueron retiradas a PSG por incumplimiento de los pliegos de condiciones y por impago.
En la pregunta, realizada por el diputado Gregorio Gordo, se muestra la preocupación de que supuestos acuerdos con las cooperativas mencionadas perjudiquen al resto de los cooperativistas que resultaron adjudicatarios en el concurso público fallado el día 8 de mayo de 2007.
